El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó su impugnación a la postulación del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema por "orfandad curricular y reputación severamente cuestionada", en tanto que cuatro diputados nacionales de la UCR hicieron lo propio por “severas irregularidades en el ejercicio de su cargo como magistrado”.

De esta forma, el Colegio de la Ciudad y diputados radicales se sumaron a las impugnaciones presentadas por dirigentes políticos y diversas organizaciones, aunque el juez también recibió respaldos como el de Abuelas de Plaza de Mayo.

La presentación del Colegio de Abogados se efectuó este miércoles formalmente ante el Ministerio de Justicia de la Nación, conforme el procedimiento establecido en el Decreto 222/03 del Poder Ejecutivo Nacional.

Con la firma de su presidente, Alberto Garay, el escrito señala que Lijo "carece de las calidades excepcionales que se esperan de alguien que aspire al cargo", dado que su postulación "no 
encuentra explicación ni justificación en su currículum vitae ni en su trayectoria como juez, cuya reputación se encuentra severamente cuestionada".

El texto presentado destaca que el candidato cuenta con una producción académica limitada, principalmente en coautoría con sus secretarios, publicaciones que "carecen de profundidad y valor científico". 

Por otro lado, en el escrito, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires recordó que Lijo fue objeto de cinco pedidos de juicio político entre 2023 y 2024: "Dos de ellos siguen pendientes de sustanciación en el Consejo de la Magistratura". 

Además, indicó que en una auditoría del 2016, se comprobó que Lijo tenía 29 causas con demoras injustificadas, algunas de hasta 14 años, al tiempo que destacó que "no hay acceso público a las 
sentencias del juez Lijo, lo que dificulta evaluar objetivamente su desempeño como magistrado".

Y por último, el escrito señaló que el candidato a la Corte "ha sido mencionado en denuncias por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, incluyendo investigaciones lideradas por Elisa Carrió".  

En tanto, este miércoles se conoció que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una ONG muy vinculada a la actividad del Poder Judicial, también rechazó la candidatura del juez Lijo a la Corte por las denuncias en su contra y por el tratamiento de las causas de corrupción radicadas en su juzgado.

"La gestión de Lijo como juez ha sido, cuanto menos, inefectiva. Aun teniendo menos causas que sus pares, ha demostrado demoras excesivas y pocas elevaciones a juicio, incluidas aquellas en las que hay personas relevantes investigadas, lo que evidencia una falta de idoneidad y podría generar sospechas sobre su independencia", sostuvo.

Mediante un documento presentado ante el Senado, ACIJ resaltó negativamente "sus antecedentes, su situación patrimonial, las denuncias disciplinarias y penales presentadas en su contra y su desempeño en la investigación de causas de corrupción".

"De las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo, 26 continúan en período de instrucción. A su vez, de esas 26, 13 están en este estado hace diez años o más. Las que están hace más tiempo llevan 17, 18 y 26 años", destacó el informe.

ACIJ reveló que "de las 89 causas, elevó a juicio oral solo 14, siendo el cuarto juez que menos casos elevó (15,7%)".

Además, el documento subrayó que Lijo "está entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura, con un promedio de 1,6 denuncias disciplinarias por año desde que ejerce como juez (32 denuncias totales)".

Ninguno de esos expedientes prosperó en el Consejo de la Magistratura, pese a lo cual ACIJ insistió en que "también fue denunciado penalmente por asociación ilícita, lavado de activos y soborno".

"Lijo ha sido objeto de múltiples denuncias por falta de investigación de causas de corrupción, dilación arbitraria de los tiempos procesales, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias", agregó el rechazo.

Por otro lado, los diputados nacionales Fernando Carbajal (Formosa), Pedro Galimberti (Entre Ríos), Manuel Aguirre (Corrientes) y Marcela Coli (La Pampa) observaron ante el Ministerio de Justicia el pliego de Lijo ya que "ha cometido severas irregularidades en el ejercicio de su cargo como magistrado federal, algunas de las cuales podrían incluso configurar delitos penales".

En la presentación de los diputados radicales se mencionan varios hechos que hacen que sea inadmisible de aceptar la postulación de Lijo.

El primer hecho es la denuncia de Elisa Carrió en 2018, quien acusó al juez federal de integrar una asociación ilícita con el kirchnerismo. 

El segundo hecho es la actuación de Lijo como juez en el expediente de YPF donde se debía investigar el vaciamiento de la empresa, causa que nunca avanzó. 

El tercer hecho es su actuación en la causa Siemens, donde tampoco hubo avances, en tanto que el cuarto hecho es su performance en la investigación de las irregularidades en la Obra Social de los Empleados Judiciales.

El quinto hecho es la vinculación de Lijo con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, de la que dan cuenta diversos medios de comunicación.

Para los diputados radicales, este vínculo pone en crisis el principio republicano de división de poderes ya que es el Presidente de la República quien debe enviar un pliego al Senado sin intervención previa de la Corte Suprema.

El sexto hecho que los legisladores radicales consignan como objeciones es la denuncia que se le hizo a Lijo ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño por parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la actuación de Lijo en una denuncia que radicó la Tacacalera Sarandí.