El viceministro de Economía, Axel Kicillof, estará a cargo de "ejecutar las políticas y acciones" en las empresas donde el Estado nacional "tenga participaciones accionarias o de capital". Así lo dispuso la presidenta Cristina Kirchner, a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.

Por medio del decreto 1278, el Poder Ejecutivo estableció que la Secretaría de Política Económica -que encabeza Kicillof desde el 10 de diciembre último- "tendrá a su cargo entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado nacional sea socio minoritario".

Además, deberá "ejercer los derechos políticos inherentes a las acciones que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto", que es el que tiene las acciones de diversas empresas que tenían las AFJP. "El Fondo de Garantía de Sustentabilidad continuará percibiendo los dividendos que generen sus tenencias accionarias y ejerciendo los demás derechos patrimoniales y económicos derivados de las referidas acciones", determinó el decreto.

Con ésto, el funcionario tendrá la posibilidad de elegir a los delegados estatales en las asambleas ordinarias, extraordinarias y especiales de todas esas empresas. Y podrá instruirlos sobre cómo deben actuar en esas reuniones: "ejercer el derecho de información que otorgan las participaciones societarias y efectuar las solicitudes que correspondan para el acceso y/o copia de los libros y documentación de la empresa", de acuerdo con el texto oficial. También se aprobó un "Reglamento de representantes y directores" del Estado en las compañías en las que tiene participación.

LA LISTA DE LAS EMPRESAS

El Estado Nacional tiene participación accionaria en 41 empresas privadas, entre las que se destaca la petrolera YPF, que controla, pero también el Grupo Clarín, con el que el Gobierno mantiene un abierto enfrentamiento. El Estado participa de esas compañías a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que maneja la ANSeS. Ese Fondo fue creado tras la estatización de los recursos previsionales que manejaba la ANSeS, dispuesta a fines de 2008.

La novedad es que desde hoy, el viceministro Kicillof tendrá injerencia directa en el manejo de las acciones estatales en esas compañías. Es que el funcionario sumó más poder: ahora también está a cargo de "ejecutar las políticas y acciones" en las empresas donde el Estado nacional "tenga participaciones accionarias o de capital". Entre esas empresas, que pertenecen a diversos sectores, la participación del Estado nacional llega al 51 por ciento en la petrolera YPF (en conjunto con las provincias), y a un 9 por ciento en el Grupo Clarín.

También, hay participación estatal en: Banco Macro (30,9 por ciento), Edenor (26,5), Siderar (25,9), Telecom (24,9), Grupo Financiero Galicia (20,6), Molinos Río de la Plata (20), Transener (19,02), Banco Patagonia (15,29), Camuzzi Gas Pampeana (12,65), Petrobras (11,85) y Aluar (9,31). Además, el Estado está presente en los paquetes accionarios de Metrovias (8,55 por ciento), Metrogas (8,13), Banco Francés (7,52), IRSA (4,48), Ledesma (0,38) y Alpargatas (0,01), entre otras.

MÁS ATRIBUCIONES

El Gobierno nacional reglamentó la ley de Soberanía Hidrocarburífera y dispuso que el viceministro Kicillof defina los precios de los combustibles y las ganancias que podrán obtener las petroleras. Así fue dispuesto a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, a través del cual se creó la comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones para el sector hidrocarburífera.

Ese cuerpo estará a cargo de Kicillof, a quien acompañarán un representante de la Secretaría de Energía, que conduce Daniel Cameron, y otro de la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Guillermo Moreno. En la flamante Comisión, el viceministro deberá "asegurar y promover las inversiones necesarias para el mantenimiento, el aumento y la recuperación de reservas" y "garantizar "el abastecimiento de combustibles a precios razonables".

Según el decreto, Kicillof "auditará y fiscalizará en forma periódica la razonabilidad de los costos informados por los productores y los respectivos precios de venta". Con es fin, el funcionario evaluará los planes de inversiones de las empresas y el cumplimiento de las inversiones. Y, sobre todo, podrá "asegurar precios comerciales razonables" para "evitar y/o corregir conductas distorsivas".

"A los fines de asegurar precios comerciales razonables, la Comisión establecerá los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno. Asimismo, publicará precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos y precios de referencia de venta de hidrocarburos y combustibles, los cuales deberán permitir cubrir los costos de producción atribuibles a la actividad y la obtención de un margen de ganancia razonable", puntualizó el texto oficial.

La ley de Soberanía Hidrocarburífera fue sancionada el 3 de mayo último y a través de ella, el Estado nacional se hizo cargo del 51 por ciento de las acciones de YPF. Esa norma declaró de interés público nacional "el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos" y creó el Consejo Federal de Hidrocarburos. El decreto lleva la firma de la Presidenta, del jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y de los ministros de Economía Hernán Lorenzino y de Planificación Federal Julio De Vido.

Buenos Aires, NA.
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