El impuesto a las Ganancias, nuevo punto de discordia en el divorcio aparentemente irreversible entre la Casa Rosada y la CGT, alcanza a unos 1,5 millones de trabajadores y aporta alrededor del 6,6 por ciento de la recaudación tributaria en la Argentina.

Desde la central obrera piden subir el mínimo no imponible de este gravamen, o directamente eliminarlo para el caso de los trabajadores.

En la actualidad, pagan este impuesto aquellos asalariados que ganan más de 5.782 pesos netos estando solteros o a partir de los $ 7.998 en el caso de estar casados, con dos hijos, aunque el tributo se multiplicó por siete en los últimos 11 años, desde 2001 a la fecha.

La puja por las Ganancias, o el "impuesto al trabajo", como esgrimen los máximos dirigentes de la CGT, derivó en una nueva crisis en la relación cada vez más tensa que mantiene la central obrera que lidera Hugo Moyano con el gobierno de Cristina Kirchner.

El tironeo, sumado a un reclamo para eliminar los topes salariales para el otorgamiento de asignaciones familiares, generó que el sindicato de Camioneros -encabezado por Hugo y Pablo Moyano- convocara a un paro nacional para el miércoles próximo, con movilización a Plaza de Mayo, y que contará con la adhesión de la CGT. El Gobierno, por su parte, sostiene que el impuesto a las Ganancias afecta casi exclusivamente a una elite de asalariados, sobre una masa de alrededor de 14,5 millones de trabajadores argentinos y advierten, a su vez, que los fondos recaudados por este tributo son coparticipables.

Este dato, subrayado por gobernadores afines a la administración kirchnerista, como el chaqueño Jorge Capitanich, no debería pasar inadvertido en momentos en los que un grupo de mandatarios provinciales reclama mayores fondos de coparticipación para afrontar gastos públicos. En este contexto, cualquier modificación del mínimo no imponible podría tener un impacto directo en las arcas de las provincias y, por ende, en las economías regionales: al menos ésta es una de las explicaciones oficiales para desestimar las demandas de un sector del movimiento obrero, que resisten el pago de Ganancias.

De todos modos, este impuesto aporta alrededor del 6,6% de la recaudación tributaria total del país, según un reciente informe de la Universidad Católica Argentina (UCA). Se trata de un porcentaje bajo comparado con el promedio de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): un grupo de naciones en su mayoría del primer mundo, donde asciende al 25,3%. Este año, cuando aún restan meses para que se completen en algunos gremios los acuerdos salariales alcanzados en las paritarias de 2011, se estima que alrededor de 1,5 millones de asalariados (dos de cada 10 empleados en blanco) pagarán Ganancias en el país.

Se calcula que por no ajustar el mínimo no imponible, como reclama la CGT, el Gobierno se quedaría en 2011 con unos $ 3.500 millones que debería haber ingresado en el bolsillo de los asalariados. Además, por no actualizar el tope salarial para el otorgamiento de asignaciones familiares, la administración kirchnerista se ahorra de desembolsar otros $ 1.800 millones que también deberían percibir los trabajadores. En este contexto, un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que el descuento por Ganancias se multiplicó por siete en el país desde 2001, al trepar de 1,12% a 7,62 por ciento.

Este incremento equivale a que un trabajador (soltero, sin hijos) que gana 10.000 pesos pierda de cobrar casi un aguinaldo entero: $ 9.910 de impuesto. Pero a mayor salario, la pérdida es mayor, dado que con un sueldo de $ 12.000, por ejemplo, el contribuyente deja de percibir casi un aguinaldo y medio. Este impuesto incluye tanto a empresas como a personas físicas que ganan una cantidad mínima de dinero por mes y se calcula en proporción a sus beneficios: es decir, se trata de un tributo progresivo.

De todos modos, existen deducciones permitidas y a veces poco conocidas que ayudan a los contribuyentes alcanzados por el impuesto a liquidar gastos. Son tres los tipos de deducciones previstas en el cálculo de cuánto debe pagar cada asalariado: las obligatorias (jubilación, obra social y PAMI), las personales (cónyuge, hijos, familiares a cargo) y las permitidas: este último grupo considera la posibilidad de generar importantes ahorros en el pago de este tributo.

De acuerdo con la normativa vigente, Cobertura médica, Honorarios médicos, Intereses de créditos hipotecarios, Seguros de vida, Empleada Doméstica, Sepelios, Donaciones, Viajantes de comercio y Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son algunos de los argumentos que los contribuyentes pueden esgrimir para efectuar deducciones en el pago.

Buenos Aires, NA.
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